Hoy más que nunca necesitamos recordar el valor de las personas cooperantes. En un mundo con 56 conflictos abiertos —la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial— y con un desprecio alarmante hacia el Derecho Internacional Humanitario, su trabajo, junto al de las organizaciones locales en países afectados, es fundamental para defender los derechos humanos y construir paz.

Sin embargo, esta labor está bajo amenaza. En muchos lugares del planeta, quienes defienden los derechos humanos sufren persecución, lo que pone en riesgo tanto sus vidas como su capacidad para denunciar y actuar frente a las injusticias. Solo este año han sido asesinadas 265 personas trabajadoras humanitarias, 173 de ellas en Palestina: un dato sin precedentes.

Por eso, es urgente garantizar leyes que protejan su trabajo y, sobre todo, contar con fondos públicos suficientes. La Ayuda Oficial al Desarrollo no puede seguir recortándose; al contrario, necesita fortalecerse.

Una crisis humanitaria sin precedentes

Los datos hablan solos: más de 300 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, ya sea por conflictos o por la emergencia climática. Más de 120 millones han tenido que dejar sus hogares, y la mitad son mujeres y niñas que enfrentan mayores riesgos, pero también tienen un papel esencial en la construcción de paz.

La situación de la infancia es igualmente preocupante: uno de cada seis niños y niñas en el mundo —unos 473 millones— vive en zonas de conflicto, según Naciones Unidas.

A pesar de esta realidad, los recursos internacionales para cooperación están bajando. El último informe del CAD señala que, por primera vez desde 2017, la Ayuda Oficial al Desarrollo mundial ha caído más de un 7%. En España, aunque hay un leve aumento, seguimos muy por debajo de lo necesario: solo el 0,25% de la riqueza nacional se destina a cooperación, cuando la media europea es del 0,47% y la meta legal para 2030 es del 0,7%. Los compromisos anunciados en la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla, deben cumplirse ya.

Defender derechos, salvar vidas

El trabajo de las personas cooperantes y de las organizaciones locales es imprescindible: llevan ayuda humanitaria, protegen a la población civil, fortalecen la cohesión social y contribuyen a la paz.

Su papel es clave en países como Sudán del Sur, Ucrania, Siria, Yemen, Palestina, el Sahel o Centroamérica, donde acompañan a comunidades que sufren violencia y pobreza extrema. También lo es en otros lugares donde apoyan la mejora de políticas públicas en salud, educación, igualdad de género, democracia o respuesta a la crisis climática.